Tradicionalmente se viene afirmando que todas las normas ilegales son siempre nulas, esto es, perpetua y absolutamente inválidas, no convalidables e incapaces de producir efecto jurídico alguno. Sin embargo, la jurisprudencia española no se ajusta a este dogma de la nulidad. El Tribunal Supremo ha aplicado reglamentos ilegales, ha admitido la subsanación de los mismos, su convalidación legislativa, su anulabilidad, los ha convertido en normas válidas, ha declarado la validez de actos surgidos de su aplicación.
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